El consumo de cemento en España cerró 2019 en 14.254.420 toneladas, un 5,9% más que en 2018, lo que supone un crecimiento cercano a las 800.000 toneladas, según los últimos datos publicados en la Estadística del Cemento. A pesar de cerrar el año en positivo, el consumo de cemento ha reducido a la mitad su ritmo de crecimiento en el segundo semestre, en gran medida por la ralentización del mercado inmobiliario.

Tras una evolución al alza durante los seis primeros meses del año, cuando se crecía a un ritmo cercano al 11% y en el que el consumo ganó 804.000 toneladas, el segundo semestre se ha caracterizado por un estancamiento de las cifras, incluso con una ligera caída en el acumulado de julio a diciembre del 0,2%, en comparación con el mismo período de 2018.

Desde Oficemen, se estima que esta situación de ralentización se prolongará en 2020, año que se prevé cerrar con un crecimiento del consumo de cemento en el entorno del 2%.

Los datos de diciembre, mes en el que el consumo de cemento ha caído por encima del 10% respecto a diciembre de 2018, han lastrado en casi un punto porcentual el crecimiento acumulado al cierre del mes anterior. Diciembre se convierte, por tanto, en el cuarto mes que ha cerrado en negativo en 2019, con un total de 886.133 toneladas, lo que supone una caída de más de 100.000 toneladas respecto al mes de diciembre del ejercicio anterior, la caída más abrupta que se ha producido en el año.

Ralentización del consumo de cemento y de la vivienda
Con la obra pública prácticamente paralizada en nuestro país, el principal motor del consumo de cemento en los últimos años ha sido la edificación. Sin embargo, los últimos datos conocidos del sector vivienda parecen ir paralelos al consumo de cemento y apuntan a una ralentización también de este subsector. Las operaciones de compraventa de vivienda hasta noviembre indican, además, que 2019 cerrará con el primer descenso desde 2013.

“Es conveniente destacar que las 110.000 viviendas nuevas que se han iniciado en 2019 representan la mitad de las viviendas que se construían en los periodos previos al boom. Tenemos que recordar que, para un país como España, el mercado inmobiliario debería contar, de media, con entre180.000 y 200.000 viviendas nuevas al año; por lo que nos deja todavía un largo recorrido de recuperación”, explica el presidente de Oficemen, Víctor García Brosa.

Por lo que respecta a la ausencia de ejecución de obra pública, la patronal cementera recuerda que la inversión pública en infraestructuras en relación con el PIB se encuentra en torno al 1%, el nivel más bajo desde 1983. “Es urgente que el nuevo gobierno tome medidas al respecto, nuestro país necesita infraestructuras relacionadas con el transporte y la movilidad, el acceso a las ciudades, la mejora de las redes secundarias; infraestructuras imprescindibles relacionadas con el tratamiento de los residuos o el saneamiento y depuración del agua, una circunstancia esta última, cuyo incumplimiento ya se ha traducido en multas por parte de la UE”, alerta García Brosa, que añade que “tras la declaración de Estado de Emergencia Climática y Ambiental, se reconoce además, la necesidad de invertir en un país más seguro y menos vulnerable frente a los impactos y los riesgos del cambio climático. En este sentido, el hormigón va a tener un papel imprescindible para la construcción de edificios e infraestructuras más seguras y resilientes”.

Las exportaciones ya acumulan más de dos años y medio en números rojos
Las exportaciones superaron en diciembre la cota de los dos años y medio de caídas ininterrumpidas, con un descenso del 33% y la pérdida de casi 200.000 toneladas. En el conjunto de 2019, se han situado en 6.232.043 toneladas, con un descenso del 23%, lo que supone una pérdida de cercana a los dos millones de toneladas en mercado exteriores, “el equivalente a la producción media anual de 3-4 fábricas de cemento”, explica el presidente de Oficemen.

Las importaciones, por su parte, se han duplicado, pasando de 465.390 toneladas en 2018 a casi un millón en 2019. En cuanto a los datos de producción de cemento, se incrementan un 2,6% en 2019, manteniéndose por debajo de los 17 millones de toneladas anuales desde 2014, “lo que supone menos de la mitad de la capacidad instalada en nuestras fábricas”, añade García Brosa.  “Hemos pasado de ser el 5º productor de cemento del mundo en 2007 a ocupar el puesto 29, por detrás de países como Marruecos, Polonia, Filipinas o Nigeria.

Además, países “ya construidos” como nuestros vecinos Francia, Italia o Alemania, mantienen unos niveles de producción muy por encima de los de España”, afirma.

El coste energético y de emisiones, clave en la pérdida de competitividad
Detrás de los malos resultados de la balanza comercial del cemento, hasta ahora el principal salvavidas del sector durante la crisis, se encuentran los sobrecostes energéticos que sufre la fabricación de cemento en España respecto a otros países competidores. De media, la tarifa eléctrica de una fábrica en nuestro país es un 27% más cara que la de una en Alemania y un 21% más que una en Francia. En este sentido, desde Oficemen urgen al nuevo Gobierno a que desbloquee la puesta en marcha del prometido Estatuto de la industria electrointensiva.

La situación se ha visto además agravada por la evolución del precio de los derechos de emisión de CO2, que en los últimos tres años se ha disparado, pasando de 5,83 €/t de media en 2017 a 24,84€/t en 2019, lo que lastra la competitividad de la industria europea frente a terceros países con escaso compromiso en la lucha contra el cambio climático.

En el Pacto Verde Europeo se destaca el papel fundamental que juegan en la economía las industrias electrointensivas como la del cemento; haciendo hincapié en que la descarbonización y la modernización de estos sectores va a ser clave.

«Las empresas que componen Oficemen tienen un fuerte compromiso con la reducción de emisiones, traducido en inversiones desde hace ya años, tal y como se trasladó en el encuentro mantenido en la COP25. No obstante, este compromiso no es compartido por muchos de nuestros competidores del arco mediterráneo, donde no cuentan con una agenda de descarbonatación como la de la Unión Europea, y en los que no se penalizan fiscalmente las emisiones de CO2”, concluye García Brosa.