El consumo de cemento en España ha caído en febrero un 2,4%, situándose en 1.136.748 toneladas, con una pérdida de 28.014 toneladas frente al mismo mes de 2020, según los últimos datos publicados en la Estadística del Cemento.
La tasa de variación del año móvil (mar’20 / feb’21) se sitúa en una caída del 10,6%, una décima más que el mes pasado, con un volumen de consumo absoluto acumulado en los últimos 12 meses de 13,06 millones de toneladas, un millón y medio menos que en el mismo período precedente.
En el acumulado del año, el consumo se sitúa cerca de los dos millones de toneladas, con un descenso del 10,1% frente a los meses de enero y febrero de 2020.
El acumulado interanual de las exportaciones sale de los números rojos
El crecimiento de un 29,2% de las exportaciones en el mes de febrero ha permitido que el acumulado interanual de año móvil (mar’20 / feb’21) se sitúe fuera de los números rojos, con un crecimiento del 5,2%. En febrero se han recuperado 132.711 toneladas frente al mismo mes de 2020, mientras que el año móvil arroja una mejoría de 310.258 toneladas y se sitúa en los 6,2 millones.
“Observamos con mucha cautela esta mejoría exportadora. No podemos olvidar que seguimos inmersos en una situación de pandemia, que aún pesa sobre la producción local en muchos de los países de nuestro entorno, productores y receptores tradicionales de cemento, y tenemos serias dudas de que venga para quedarse si no se articulan mecanismos para mejorar nuestra competitividad en el medio y largo plazo. Además, nuestro mercado interno sigue lastrado por la falta de inversión en obra pública y vivienda”, explica el presidente de Oficemen, Víctor García Brosa.
“El problema más urgente continúa siendo los costes de los derechos de emisión de CO2, que se han duplicado en el último año, hasta superar los 40 euros por tonelada emitida, un coste muy difícil de sobrellevar. En este sentido, celebramos que el Parlamento Europeo esté dando ya los primeros pasos, con la votación favorable del pasado miércoles, para la creación de un sistema de ajuste en frontera al CO2 para los productos importados desde terceros países que no tienen una agenda de descarbonización equivalente a la de la Comisión Europea. Es una decisión imprescindible, no solo para evitar la desaparición de la industria europea, sino también, y, sobre todo, para que la tasa al carbono tenga una efectividad real sobre el medio ambiente”, finaliza García Brosa.